Racismo institucional y el privilegio blanco: el lado oscuro de la huida de la guerra en ucrania.

La guerra en Ucrania desvela el racismo institucional en la gestión diferencial de los flujos migratorios que si dirigen hacia EUropa, principalmente desde la mal nombrada “crisis de los refugiados” del 2015.

 

Desde que el pasado 24 de febrero Rusia desplegó sus tropas por el este, sur y norte de Ucrania, los titulares de todo Occidente se cubrían con noticias acerca de las atrocidades cometidas sobre el terreno por parte de la efensiva Rusa, la solidaridad de los países vecinos, y las excepcionales medidas de protección temporal invocadas por la Unión Europea (UE). Sin embargo, entre los videos de las redes sociales de parejas jóvenes despidiéndose cuando ellos partían a la guerra, bodas de última hora, recolecta de alimentos y utensilios para enviarlo al país, otros de otro calibre daban un golpe de realidad. En estas también resaltaban los videos, por ejemplo, de personas racializadas denunciando como las fuerzas militares ucranianas les negaban el acceso a los trenes para salir del país, así cómo la gran pregunta de si estas medidas políticas y prácticas solidarias son posibles, ¿por qué no sucedieron previamente con otros flujos migratorios?  O, en otras palabras, nos podríamos preguntar ¿Qué papel juega la blanquitud como condición de posibilidad de un nuevo paradigma de la gestión migratoria en la UE? Y por ende, ¿qué papel jugó y sigue jugando la racialización como herramienta de diferenciación y jerarquización del valor de la vida y acceso a derechos fundamentales y humanos?

 

El 1 de marzo del 2022 la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) publicaba un comunicado en el que hacía público su “posición sobre los retornos a Ucrania” (REF). En él hacía un llamamiento “a todos los países para permitir que las personas de todas las nacionalidades que huyen de Ucrania puedan ingresar en sus territorios sin sufrir discriminación y para asegurar el respeto del principio de no devolución del momento” (ibid.:2). Esta petición no solo alude a la protección internacional, al amparo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o a los instrumentos regionales de refugiados; sino a su implementación de forma no discriminatoria. Este queda recogido en el Artículo 21 de no discriminación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el apartado 2: “Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin prejuicio de sus disposiciones particulares.” (FRA). Y también en el Comité de Derechos Humanos (de Naciones Unidas, Observación General nº 18 HRI/GEN/1 Rev.2., párrs. 7 al 13, 1989) el cual entiende la discriminación cómo “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”. Sin embargo, este trato no discriminatorio no se ha dado ni a nivel nacional dentro de Ucrania ni en los pasos fronterizos a los países vecinos. Y mucho menos, si alzamos una mirada retrospectiva a las políticas y medidas migratorias de la Unión Europea a otros flujos migratorios procedentes de Oriente Medio o el Norte de África y Occidental.

 

En las últimas semanas han destacado videos viralizados en las redes sociales de personas afrodescendientes que se les impedía el acceso a los trenes en dirección a los pasos fronterizos, o testimonios en Twitter bajo el hastag #AfricansinUkraine, como fue el de Moustapha Bagui Sylla, un estudiante de Guinea que afirmaban “no dejan entrar a los africanos, los negros sin pasaporte europeo no pueden cruzar la frontera” (refiriéndose a Leópolis). O noticias, por ejemplo, como la segregación racial en los centros de acogida en Moldavia, destinando a la   a aquellos con malas condiciones de habitabilidad y escasez alimenticia, como ya ha denunciado el European Roman Rights Center (ERCC). Las políticas migratorias positivas aplicadas tras la invasión de Ucrania, exponen su cara más oscura al descubrir la doble moral con la que Europa y sus Estados responden diferencialmente por razones de raza, nacionalidad o/y etnicidad aun procediendo de un mismo conflicto.

 

Estos discursos y acciones son el legado de la pasada década. En los últimos años desde las instituciones y medios de comunicación españoles hemos visto como los flujos migratorios, desde la llamada “Crisis de los Refugiados” de 2015, se ha inaugurado un paradigma de securitización de las fronteras de UE. Este marco supuso la criminalización de la migración y la representación de aquellas personas migrantes, buscadoras de asilo y refugiadas como una amenaza tanto para la nación como para sus ciudadanos (Moreno-Lax, 2018). Esta narrativa se ha traducido en acciones tales como la externalización de las fronteras de la Unión Europea en sus países fronterizos o la retención indefinida de personas en los campos de refugiados; todas ellas en nombre de una supuesta seguridad. Muy acertadamente Judith Butler, en su libro Sin Miedo: Formas de Resistencia a la Violencia de Hoy (2020), se pregunta:

 

“¿La seguridad de quién se protege con esta invocación de la seguridad? ¿Es la seguridad de Europa o es, en efecto, la seguridad del privilegio blanco en la Europa contemporánea?”  (Ibid:29).

 

Con certeza Butler apunta al talón de Aquiles de nuestra Europa actual. ¿Cuál era la diferencia entre aquel flujo migratorio de aproximadamente un millón y medio de personas que huían de la guerra de Siria que causó tanto revuelo a nivel interno de la UE y las tres millones y medio de personas procedentes de Ucrania creando políticas internacionales y nacionales sin precedencia? Butler ya nos ha dado la respuesta.